La sombra del ogro es alargada y de color marrón

ogroEn casa de mis abuelos había libros prohibidos por la dictadura. Su mera posesión era un delito. Supongo que lo mismo ocurriría en muchas más casas, y en todo caso nadie hablaba de ello con temor ni con orgullo, simplemente se trataba de uno de esos hechos de la experiencia que, cuando yo era pequeño, ya habían quedado, o casi, razonablemente fijados en la memoria pero conjurados de la vida cotidiana.

No creo que ni mis abuelos ni mi tío (el responsable directo de muchas de aquellas adquisiciones bibliográficas) hayan perdido en su vida más de cinco minutos en imaginar qué ocurriría si un registro policial a medianoche hubiera revelado la posesión de aquellos libros: cuando las detenciones son arbitrarias y las condenas dependen del capricho de un juez, uno no pierde el tiempo tratando de aparentar que no tiene nada que esconder, de sobra sabe que cualquiera es un delincuente potencial. No obstante, uno de aquellos libros estaba siempre forrado con un feo papel marrón, y siguió estándolo mucho tiempo después de que se aprobara la Constitución. Era como si aquel forro marrón quisiera decir: “No me fío. Decís que se acabó, pero no me fío”.

El título del libro era Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco. Venía firmado por J. Agirre, aunque su autora era Eva Forest. Algunos años después se reeditó sin precaución alguna, e incluso se le hizo una adaptación cinematográfica. Se suponía que ya no había nada que temer, la libertad de expresión amparaba la circulación y la lectura de aquellas páginas, así que el forro marrón desapareció por fin y el libro, finalmente, se vino conmigo. Aún lo conservo.

Han pasado cuarenta y tres años desde que Operación Ogro se editó en la clandestinidad, y unos pocos años menos desde que ese ejemplar que yo conservo obtuvo la amnistía. Con toda franqueza: lo leí hace treinta años y nunca sentí la necesidad de releerlo. Hace unas horas, después de que la Audiencia Nacional condenara a un año de prisión a Cassandra Vera por “burla y mofa a una víctima del terrorismo”, lo busqué y lo puse sobre la mesa. Mañana bajaré al bazar chino de la esquina y compraré papel de envolver de color marrón. Tenía razón aquel forro: no se había acabado.

Otegi

En 2002, el parlamento español aprobó una ley de difícil interpretación y más que difícil ejecución, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Se trata de una ley discutida hasta por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aunque no por un sector de la presunta izquierda española, lo cual no quiere decir nada o quiere decir mucho, según se mire. En virtud de esa Ley de Partidos se ilegalizó Batasuna (ese era el objetivo principal) en 2003, y con las mismas fueron detenidas varias personas en 2009 y acusadas de pretender reconstruir el partido. Un auto del juez Baltasar Garzón (el mismo al que buena parte de la izquierda española le hace la ola de cuando en cuando) decretó prisión incondicional para cuatro de esas personas: Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto. La Audiencia Nacional condenará en 2011 a los dos primeros a diez años de cárcel, y a los dos segundos, junto con Miren Zabaleta, a ocho años, por pertenencia a banda armada. El Tribunal Supremo rebajará esas penas a seis años y medio que se cumplen esta semana.

No hace falta sentir simpatía por las ideas políticas de Otegi para repudiar el gravísimo error que supuso encarcelarlo con una base jurídica tan débil y cuestionada. No hay delito de sangre, ni delito contra la propiedad, ni contra la libertad o la dignidad de persona alguna; tan solo la presunción de que Otegi y los demás encausados pretendían reconstruir Batasuna, con ese u otro nombre, por orden directa de ETA. Cualquiera que tenga un poco de memoria o le eche un vistazo a la hemeroteca, se dará cuenta, sin embargo, de que a Otegi le tenían ganas ya de antes. Más de uno se estará preguntando, a estas alturas, si mereció la pena.

Se suele frivolizar bastante con lo que supone ir a prisión. Cuando alguien comete un delito atroz, es frecuente que la indignación se traduzca en exigir penas de cárcel poco menos que infinitas. La cadena perpetua o lo que más se le parezca. Salvo que uno sea cristiano militante y de veras se crea que un delincuente puede aprovechar treinta o cuarenta años de aislamiento para purificar su alma y llegar contrito y arrepentido al juicio final, no ha lugar tanto ensañamiento: encarcelar durante treinta años a alguien de esa misma edad, equivale a matarlo. Uno puede rehacer su vida con sesenta años, pero se ha perdido la mayor parte de todo lo que podría ocurrirle, y además ha tenido que soportar la prolongación artificial de esa vivencia de la privación de experiencias, por no hablar ya de los padecimientos físicos que, según parece, han desaparecido del sistema penitenciario español. Sin embargo, nada de esto es evidente o se trasluce en la opinión pública. Incluso se le pone la guinda a esa ignorancia deliberada de la situación de los presos sacando a relucir el inmenso regalo que supone no haber aplicado la pena de muerte, como si el preso, encima, tuviera que estar agradecido.

Ser consciente de todo esto no implica, ni mucho menos, creer que haya que premiar a un delincuente o inflar la compasión hasta hacer irrelevante el sistema penal. Pero implica, o debería implicar, defender la proporcionalidad de las penas, algo que podía sonar a novedad en tiempos de Beccaria pero que en los nuestros ya deberíamos haber asumido como un principio constitutivo del Estado de Derecho. Suponiendo que sea un delito reunirse con otras personas para hablar de según qué cosas, que te caigan más de seis años por algo así solo es explicable si introducimos el enojoso asunto de la persecución política.

Puede que la Ley de Partidos contribuyera a debilitar a ETA o puede que no (es una suposición infalsable), pero, aun así, nadie conseguirá convencerme nunca de que su única finalidad era acabar con el terrorismo. Ni siquiera, si me apuran, su principal finalidad: a todas luces parece una ley diseñada para eliminar a un adversario político. Y de nuevo está ahí la hemeroteca para que la usemos: el papel de Otegi en los años que precedieron a su ingreso en prisión es el de un estratega que trata de liquidar la presión del aparato militar de ETA sobre el entorno abertzale. Me importa un rábano si en su fuero interno le movían sentimientos humanitarios o razones políticas. Lo cierto es que, sin Otegi, no es ETA la perjudicada, sino la autonomía política de la izquierda independentista vasca.

No es de esto, no obstante, de lo que tendríamos que estar hablando. Como siempre, parece que uno no puede decir ETA sin deshacerse en todo tipo de excusas, condenas o contrafácticos. Un bosque de subterfugios retóricos en el que no se ve lo esencial, a saber: que nos queda mucha democracia por recorrer cuando consentimos que alguien pierda seis años largos de su vida por motivos políticos. Al calor de esta condena y del bochornoso silencio mediático en torno a ella, podrán florecer como setas otras acusaciones, otros procesos, como hemos visto en fechas recientes, sin que exista relación alguna, ni siquiera estadística, entre esa escalada de acusaciones y procesos y la violencia terrorista que algunos, según parece, echan de menos.

[Artículo publicado en Asturias24.]

Historia Universal de la Infamia: The Next Generation

“El presidente es intachable en todos los sentidos”. Lo ha dicho Javier Arenas refiriéndose a su jefe, que es el de todos los intachables, el de todos los intocables, don Mariano Rajoy Brey. Se necesita tener la cara como el cemento para proferir una sentencia semejante, pero también es posible, aunque poco probable, que Arenas, haciendo honor a su apellido y a los usos y costumbres de la picaresca inmobiliaria, esté haciendo pasar por cemento lo que no pasaría de argamasa y que, lejos de pretender ser sincero, se haya dejado llevar por la moda florianil de las frases lapidarias. Sea como fuere, de intachable, nada, y menos en todos los sentidos, pues tampoco hay muchos sentidos que buscarle al atributo.

“Intachable” es todo aquel que no puede ser tachado, esto es, censurado; aquel a quien no cabe colgarle una “tacha de infamia”, la cual no era otra cosa, en el Derecho romano, que la nota censoria que despojaba a un ciudadano de su condición de elegible para un cargo público. El lenguaje no tiene dueños, por muy estupendos que se nos pongan los Arenas, los Florianos y los Marianos, y si el presidente acaba de echar mano de un concepto como el de “Estado de Derecho”, aunque sea para convertirlo en sujeto de una oración ridícula, deberá atenerse al significado del mismo y a sus implicaciones no solo lingüísticas sino también jurídicas: un Estado de Derecho atribuye condición de ciudadano, y por tanto de elegible, y en su nombre puede tacharse a un individuo de infame, con todas las consecuencias legales y morales que ello comporta.

El Estado de Derecho es intrínsecamente heredero del corpus jurídico romano. A menos que se produzca un Gran Salto Adelante, y aun produciéndose, será inviable arbitrar un espacio público habitable sin hojear de vez en cuando el Digesto. Puede intentarse, naturalmente, y a ello han dedicado cuantiosas energías algunas eminencias grises como George Bush Jr. o Mobutu Sese Seko. Rajoy no es el primero, y no será tampoco el primero en fracasar: un infame lo es aunque lo niegue, e incluso, como es el caso, aunque se niegue a negarlo.